CANTABRIA EMPRENDE ACCIONES LEGALES CONTRA LAS AUTORIDADES CASTELLANOLEONESAS POR LA APROBACION DE TRES INDUSTRIAS EOLICAS

El ejecutivo cántabro ha anunciado el inicio de acciones legales contra las autorizaciones de la Junta de Castilla y León a la construcción de tres centrales eólicas en el área fronteriza de la Montaña Cantábrico-Burgalesa. El Gobierno de Cantabria considera que suponen “importantes daños para el medio ambiente y el paisaje” de su territorio.

Según informó la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, la Dirección General del Servicio Jurídico del ejecutivo PSOE-PRC formulará próximamente un requerimiento para solicitar la anulación de dichas autorizaciones, que se aprobaron a su juicio sin seguir el procedimiento establecido. Gorostiaga añadió que “en uno de los casos no se dio audiencia” a la Comunidad cántabra, mientras que en los “se ignoraron” las consideraciones efectuadas sobre su impacto ambiental.

En el caso de que el citado requerimiento no sea atendido, las autoridades cántabras anuncian la presentación de recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia “para evitar la construcción de estos tres parques eólicos” – conocidos como La Magdalena, La Peñuca y La Sia I – en los emplazamientos aprobados por Castilla y León, ya que supondrían “un daño irreparable” para el territorio y los recursos naturales de la zona afectada.

Vulneración de Competencias

Estas medidas tienen su origen en la propuesta de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que considera que las tres autorizaciones son “nulas“, porque en el trámite seguido para su aprobación por la Junta “vulneró las competencias cántabras en materia de protección de su medio ambiente, violó el deber de cooperación entre Administraciones e incurrió en un ejercicio desleal de la competencia propia“. En este sentido, la legislación determina que la Junta de Castilla y León no puede prescindir de Cantabria a la hora de tramitar la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, ni valorar el impacto del proyecto en el territorio cántabro, explicó el ejecutivo.

Para Dolores Gorostiaga, “sólo a través de fórmulas adecuadas de cooperación y colaboración puede adoptarse una decisión sobre la autorización de los parques eólicos ubicados en la frontera misma que separa ambos territorios, tal como exige el respeto a las competencias propias de cada región y la defensa del medio ambiente“. La vicepresidenta señaló que, a pesar de estas obligaciones legales, en la tramitación de la industria eólica de La Sía I, la declaración de impacto realizada por Castilla y León “no ha tenido en cuenta las repercusiones del parque en Cantabria, ya que ni siquiera le remitió comunicación para que procediera a su análisis“. Igualmente y aunque en el caso de La Peñuca y La Magdalena sí solicitó un informe-consulta, “no presentó la documentación imprescindible para realizarlo, como es el estudio de impacto ambiental sobre el territorio de Cantabria elaborado por el promotor“.

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